Senado continúa evaluación de proyecto que garantiza retiro justo a empleados esenciales

La Comisión de Gobierno, presidida por el senador Ángel Toledo López, celebró una segunda vista pública para evaluar la viabilidad de la creación de la “Ley Especial de Retiro Incentivado y Garantías de Pensión Justa a Empleados Esenciales”, que se propone mediante el Proyecto del Senado 127.

“Tenemos muchas personas que tienen un alto interés en que este proyecto se pueda viabilizar. Lo que queremos es que se busque una forma de implementar este proyecto de una forma adecuada… Es la política pública que podamos atender las responsabilidades de nuestros adultos y podamos darle las herramientas para una mejor vida a los puertorriqueños”, expresó el senador Toledo López.

La medida, de la autoría del portavoz de la mayoría Gregorio Matías Rosario, propone establecer un nuevo programa de retiro incentivado dirigido específicamente a los empleados esenciales del Gobierno de Puerto Rico que fueron excluidos de la implementación parcial de la Ley 80-2020, según la estipulación final radicada ante el Tribunal Federal bajo PROMESA.

En respuesta a preguntas de la portavoz del PIP, la senadora María de Lourdes Santiago Negrón, al director ejecutivo de la Junta de Retiro, licenciado Arnaldo Ortiz Miranda recalcó que, actualmente 2,208 empleados podrían beneficiarse actualmente, lo que representaría un ahorro de $172 millones en los próximos siete años. Sin embargo, advirtió que el impacto fiscal aumentaría a un déficit de $219 millones en un periodo de 12 años, debido a la inclusión de una pensión vitalicia equivalente al 50% del salario promedio más alto, según propuesto.

Durante la audiencia, la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), la Junta de Retiro y la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), presentaron una ponencia en conjunto en la que expresaron reservas respecto a la medida. Señalaron que el proyecto, tal como está redactado, enfrenta impedimentos legales y fiscales significativos, y es incompatible con la Estipulación Final, que limita la participación en el retiro incentivado solo a empleados identificados en el listado final de posiciones eliminadas.

Además, los deponentes advirtieron que el proyecto senatorial127 podría violar los términos del Plan de Ajuste de Deuda (PAD) al imponer nuevas obligaciones fiscales asociadas a pensiones, algo prohibido bajo PROMESA. También subrayaron que la medida no cuenta con un análisis de impacto fiscal certificado por la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa (OPAL), como exige la Ley 1-2023, lo que compromete su viabilidad dentro del marco fiscal vigente.

“El reto principal sería poder encontrar alternativas que no riñeran con el estado de derecho vigente y que tengan viabilidad fiscal, es por esta razón nuestra enérgica recomendación al minucioso estudio que la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa (OPAL) debería hacer sobre este proyecto de ley… Creemos que no es imposible encontrar una solución viable mediante un diálogo formal con la Junta de Supervisión Fiscal y Administración Financiera (JSAF)”, indicó la directora de Asuntos Legales de la Junta de Retiro, licenciada Angélica Ruíz Sánchez.

Como alternativa, AAFAF, la Junta de Retiro y OGP recomendaron realizar un estudio de impacto fiscal detallado y convocar una reunión ejecutiva entre la Rama Legislativa, la Rama Ejecutiva y las agencias concernidas, con el fin de definir un plan de sucesión que garantice la continuidad de los servicios esenciales. Reiteraron su disposición a colaborar en la búsqueda de soluciones que cumplan con el marco legal y fiscal vigente.

Por su parte, la licenciada Ana Isabel Rodríguez Castro, representante legal de la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos (OATRH), indicó que el proyecto impactaría directamente la gestión de recursos humanos del gobierno, al proponer la inclusión de empleados esenciales previamente excluidos del programa de retiro incentivado. Enfatizó que la medida no define con claridad el concepto de “empleado esencial”, lo cual es crítico para garantizar la continuidad de los servicios públicos.

El objetivo de esta medida, que también tiene como coautores a la vicepresidenta senatorial Marissita Jiménez Santoni y el senador independiente Eliezer Molina Pérez, es reconocer los derechos de los empleados esenciales a acogerse a un retiro temprano con condiciones similares a las otorgadas a los empleados no esenciales que sí fueron incluidos en el programa aprobado en 2024, como una pensión vitalicia equivalente al 50% del salario promedio más alto de los últimos tres años y una aportación patronal de $100 mensuales al plan médico.

La licenciada Rodríguez Castro recomendó que el proyecto incluya criterios claros para definir funciones esenciales y mecanismos específicos para cubrir las plazas que queden vacantes tras los retiros. Aunque mostró apertura a colaborar en el análisis de la medida, subrayó que la evaluación fiscal y legal recae principalmente en la AAFAF, la OGP y la Junta de Retiro.

El proyecto establece, además, un plazo no mayor de 60 días desde la notificación del retiro para que la agencia reorganice su personal o cubra la plaza vacante a través del mecanismo de empleador único, conforme a la Ley 8-2017, o mediante la reingeniería de funciones. También prohíbe que las agencias retengan a empleados elegibles más allá del 30 de junio de 2025.

Durante la discusión, los deponentes enfatizaron la importancia de establecer un plan de sucesión efectivo, que incluya la identificación de puestos críticos, capacitación del personal, implementación del mecanismo de empleador único y, de ser necesario, la reingeniería de funciones. Estas medidas son indispensables para evitar disrupciones en los servicios esenciales del Gobierno.

A pesar de sus reservas, las agencias coincidieron en que, con los estudios fiscales adecuados por parte de OPAL y un diálogo formal con la Junta de Supervisión Fiscal, podrían apoyar una versión revisada del proyecto. Los senadores presentes agradecieron las recomendaciones recibidas, destacando su valor para fortalecer la gestión legislativa.

“La Junta de Control Fiscal verdaderamente llegó impuesta. Yo les pido que nos den las herramientas para luchar con la Junta,para nosotros lograrlo, ya que estos hombres y mujeres depositaron el voto en nosotros. No es para decir no podemos”, sentenció el portavoz de la mayoría Gregorio Matías Rosario.