Senado emite informe negativo a proyecto sobre estructuras en La Parguera

La Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos del Senado emitió un informe negativo al Proyecto de la Cámara 269, que proponía enmendar la Ley Orgánica del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales para crear una zona de planificación especial en el área de La Parguera, en Lajas.

La medida buscaba establecer la “Zona de Planificación Especial Turística de las Casetas y Muelles sobre el agua y terrenos de dominio público de La Parguera”, así como crear un régimen de pago mediante cánones por el uso de terrenos públicos y cuerpos de agua ocupados por estructuras existentes.

Según el informe firmado por el presidente de la comisión, Thomas Rivera Schatz, el modelo propuesto creaba “un riesgo sustancial de legalizar, consolidar y perpetuar ocupaciones y expansiones ilegales en una de las reservas naturales más sensibles de la Isla”.

El documento señala que la propuesta se fundamentaba en la delimitación de “huellas” certificadas por los propios ocupantes, sin un inventario estatal previo ni mecanismos efectivos de verificación, fiscalización y cumplimiento.

“Por todo lo antes expuesto, la Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideración, no recomienda a este Honorable Cuerpo la aprobación del P. de la C. 269”, concluye el informe.

Durante la vista pública celebrada el 22 de octubre de 2025, la comisión escuchó a representantes del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, la Junta de Planificación, la Compañía de Turismo, el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, la Oficina de Gerencia de Permisos y el Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico. En esa vista se reconoció que las estructuras existentes en La Parguera están ubicadas sobre bienes de dominio público marítimo-terrestre y cuerpos de agua bajo jurisdicción estatal y federal, y que no cuentan con permisos formales vigentes que autoricen su construcción u ocupación.

El informe también indica que el único inventario disponible de las estructuras data del año 2013 y fue realizado por personal de vigilancia sin peritaje técnico especializado, lo que impide certificar con precisión la huella real de cada edificación o descartar ampliaciones posteriores sin fiscalización efectiva.

Además, la comisión concluyó que el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales carece actualmente de los recursos humanos, tecnológicos y fiscales necesarios para fiscalizar de forma efectiva las aproximadamente 147 estructuras existentes en la zona, y que no existen sistemas de monitoreo continuo que garanticen el cumplimiento de la normativa ambiental.

Con el informe negativo, la medida no fue recomendada para aprobación en el Senado.