Senado examina propuestas para transformar el sistema de permisos en Puerto Rico

La Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos, liderada por el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, evaluó hoy en vista pública las dosmedidas dirigidas a reformar el sistema de permisos en la isla: el Proyecto del Senado 1173, presentado por el presidente del Senado, y el Proyecto del Senado 1183, una medida de administración impulsada por la Gobernadora.

Durante los trabajos, Rivera Schatz cuestionó el alcance del Artículo 1.05 del Proyecto del Senado 1183, que establece una cláusula de supremacía sobre el nuevo marco legal propuesto. Según planteó, la disposición otorga un nivel de autoridad que podría colocarse por encima de leyes, reglamentos e incluso determinaciones municipales, lo que a su juicio levanta serias preocupaciones sobre la concentración de poder dentro del aparato administrativo.

“Hay una cláusula de supremacía… aquí está diciendo que nadie, absolutamente ninguna ley, ningún convenio, ningún reglamento, ningún municipio, nadie puede cuestionar lo que esa entidad tenga como última palabra… menos que la orden ejecutiva 2025-008 que delega al secretario de la gobernación todas las facultades… no lo vamos a permitir”, expresó el líder senatorial, al advertir que el Senado no avalará disposiciones que puedan menoscabar el balance de poderes ni la autonomía de otras estructuras gubernamentales.

Sus expresiones se dieron en el contexto de la evaluación del alcance jurídico de la reforma propuesta, particularmente en lo relacionado con la autoridad conferida al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) y el secretario de la gobernación, y forman parte del análisis legislativo sobre posibles excesos en la centralización de funciones dentro del sistema de permisos.

Por otro lado, los legisladores mostraron reservas en cuanto a las disposiciones relacionadas a la zona marítimo terrestre, un tema incorporado en el Proyecto del Senado 1183, en donde se integra de una forma amplia que podría abrir espacio a interpretaciones y procesos que no delimitan con suficiente claridad la protección de estas áreas de alto valor ambiental y público.

“Este proyecto es tan importante que no quiero que la Parguera sea una excusa, si tenemos que excluir el tema de la Parguera de este asunto lo haremos”, anticipó el presidente del Senado, mientras aseguró que ambas medidas serán atendidas en esta sesión legislativa para que no pase igual que con la reforma contributiva.

Durante la audiencia, deponentes del sector privado y del gobierno coincidieron en que el sistema actual de permisos representa una de las principales barreras al desarrollo económico. El presidente del Centro Unido de Detallistas de Puerto Rico (CUD), doctor Ramón Barquín fue enfático al señalar que “el problema de los trámites y permisos en Puerto Rico no es técnico; es estructural”, describiendo el sistema como uno que “opera bajo la lógica de negar en lugar de facilitar” y que se ha convertido en “un impuesto invisible sobre la productividad”. 

El doctor Barquín sostuvo que la reforma debe ser profunda y ejecutable, no incremental, enfatizando que “ya es hora de movernos de la investigación a la acción”, y advirtió que cualquier propuesta que no contemple soluciones inmediatas y libres de burocracia “nos llevará al mismo resultado”.

En cuanto al Proyecto del Senado 1173, expresó respaldo a varias de sus disposiciones medulares; en particular, apoyó la eliminación del Permiso Único y su sustitución por un Registro de Uso, así como la reducción de requisitos documentales y la eliminación de renovaciones innecesarias. No obstante, recomendó que estos cambios queden claramente establecidos en la ley para evitar incumplimientos a nivel administrativo, y advirtió sobre la necesidad de implementar la centralización de forma gradual para evitar “un embudo en el proceso de renovaciones”.  

Sobre el Proyecto del Senado 1183, el presidente del CUD reconoció que contiene elementos positivos, como la integración de plataformas digitales y la eliminación de discreción basada en criterios subjetivos. Sin embargo, expresó reservas sobre aspectos específicos, incluyendo la viabilidad de ciertos términos propuestos y la necesidad de garantizar mecanismos efectivos de fiscalización.

Además, manifestó objeción directa a disposiciones que limitan la participación ciudadana en procesos reglamentarios, advirtiendo que excluir requisitos de leyes como la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico, podría afectar la transparencia y la evaluación del impacto sobre pequeños negocios.

De igual forma, el doctor Barquín enfatizó que, aunque favorece la participación de profesionales autorizados en el proceso, esta debe ir acompañada de “mecanismos de fiscalización eficientes”, educación continua y regulación clara de honorarios, señalando que actualmente existen costos excesivos que afectan al sector empresarial. Respecto a este tema, a preguntas del senador Juan Oscar Morales, el doctor Barquín sentenció que, “hay que unificar, no puede haber una guía para cada uno de los municipios, tiene que haber un solo código… El personal autorizado debe regirse por un código de ética que actualmente no existe, debe haber un documento recurrente”.

Por su parte, el secretario del DDEC, Sebastián Negrón Reichard defendió el enfoque del Proyecto del Senado 1183 como una respuesta estructural a un problema sistémico. El secretario de la agencia destacó que el sistema actual está compuesto por más de 45 leyes y múltiples reglamentos que generan fragmentación, duplicidad y retrasos, y advirtió que atender el problema con medidas aisladas podría perpetuar esas deficiencias.

Negrón Reichard sostuvo que el nuevo Código busca atender esa fragmentación mediante un marco integrado, señalando que el problema de permisos ha sido uno que “ha drenado energía emprendedora, ha encarecido la vivienda y ha ahuyentado inversión”. A su vez, planteó que el modelo actual penaliza al cumplidor al concentrarse en controles preventivos excesivos, en lugar de una fiscalización posterior efectiva, trasladando los costos de la ineficiencia gubernamental al sector privado.  

No obstante, Negrón Reichard reconoció puntos de convergencia entre ambas medidas y propuso la posibilidad de una reconciliación legislativa que permita integrar elementos del Proyecto del Senado 1173 dentro del marco más amplio del Código, destacando que ambos parten de un diagnóstico estructural común. A su vez, el doctor Barquín añadió que, “los dos proyectos no son incompatibles, se pueden reconciliar y se pueden armonizar”.

“No tengo ningún problema, porque si estamos haciendo las leyes y haciendo un código lo mejor sería unirlo todo en un solo lugar”, indicó el presidente del Senado sobre la posibilidad de la unión de ambas propuestas.

En ese sentido, a preguntas del senador Ángel Toledo López, el presidente del CUD explicó que la medida presentada por el presidente del Senado prioriza la reducción de burocracia, la certeza en los procesos y la rapidez en la toma de decisiones, posicionándose como una alternativa más efectiva para atender con urgencia las necesidades del desarrollo económico y la actividad empresarial; y el proyecto 1183 busca una reforma integral completa.

Finalmente, el presidente de la Federación de Alcaldes de Puerto Rico, Gabriel “Gaby” Hernández Rodríguez, reconoció que el Proyecto del Senado 1183 representa un esfuerzo para reorganizar el sistema de planificación y permisos, destacando que busca un modelo más ágil, uniforme y confiable. No obstante, advirtió que, según redactado, podría propiciar una centralización excesiva que afecte la autonomía municipal, señalando que la concentración de facultades podría crear interpretaciones restrictivas y desplazar funciones esenciales de los municipios. Ante esto, la Federación recomendó enmiendas para salvaguardar sus competencias, garantizar su participación en procesos de evaluación y evitar menoscabo en sus facultades tributarias.

En cuanto al Proyecto del Senado 1173, Hernández también expresó reservas sobre la disposición que canaliza, a través del Sistema Unificado de Información, los pagos y derechos municipales, incluyendo arbitrios y patentes, al entender que “va en contra de las facultades tributarias de los municipios y de la autonomía fiscal”. En ese sentido, sostuvo que la recaudación municipal no puede delegarse al Gobierno Central y recomendó que, de mantenerse ese modelo, se garantice acceso pleno a los municipios al sistema para fines de fiscalización, junto con enmiendas que aseguren su integración efectiva sin afectar su autonomía.