Tribunal federal respalda a pacientes de cannabis medicinal en su derecho a portar armas

En una reciente decisión del Tribunal de Apelaciones del Undécimo Circuito en Atlanta, se determinó que la prohibición federal que impide a los pacientes de cannabis medicinal poseer o portar armas de fuego no está justificada, y por ende, constituye una limitación inconstitucional a la Segunda Enmienda.

El caso se originó en Florida, donde un grupo de pacientes de cannabis medicinal demandó al gobierno federal alegando que no existía una base histórica ni legal para despojarlos de su derecho a tener armas por el simple hecho de utilizar un tratamiento autorizado por el estado. La corte coincidió, señalando que se trata de ciudadanos sin historial criminal, que no representan un peligro y que ejercen un tratamiento legítimo bajo el marco regulatorio estatal.

El fallo cobra especial relevancia para Puerto Rico, donde miles de pacientes forman parte del programa de cannabis medicinal y, a la vez, miles de ciudadanos ejercen su derecho constitucional a la tenencia de armas regulada bajo la Ley de Armas. La interacción entre ambas legislaciones ha generado un vacío que, en la práctica, ha marginado a los pacientes de cannabis medicinal al momento de solicitar o renovar licencias de armas.

Diferentes organizaciones han denunciado durante años esta exclusión y han reclamado que la política federal discrimina contra los pacientes puertorriqueños, quienes se ven obligados a escoger entre tratar sus condiciones de salud o renunciar a su derecho constitucional.

En entrevista con NewsPR, el presidente de la Corporación para la Defensa del Poseedor de Licencia de Armas de Puerto Rico (CODEPOLA), Ariel Torres, reaccionó positivamente a la decisión del tribunal. “Esa decisión se esperaba y que fuera de esa forma. Pues el tribunal no hace diferencia entre unos y otros a la hora de hablar de un derecho. El derecho a defenderse es para todos independientemente tengas una condición de salud. Mi reacción fue positiva y muy acertada la posición del Tribunal”, expresó.

Torres enfatizó que la decisión debe tener un efecto inmediato en Puerto Rico. “Entiendo que sí; y que de la misma forma la policía entregue las licencias y armas que fueron ocupadas a ciudadanos que tenían ambas licencias, cannabis y de armas. El estado, en este caso la policía, no debió adelantarse a unas actuaciones sabiendo que este caso existía en los Estados Unidos. De la misma forma ATF y la policía deberán cambiar sus formularios y optar nuevas posturas con esta nueva decisión”, advirtió.

En cuanto a los pasos concretos que dará la organización, Torres sostuvo que CODEPOLA está preparada para activar de inmediato. “Cualquier ciudadano que se vio afectado, les vamos a garantizar sus derechos. Ya enviamos al Director del Registro de Armas la decisión del Tribunal inmediatamente. Si la policía no acatara la decisión del Tribunal Apelativo, acudiremos al Tribunal inmediatamente. No lo veo necesario, pues la policía no va a ir en contra del Tribunal Federal.”

Sobre las críticas que plantean que el uso de cannabis medicinal representa un riesgo en el manejo responsable de armas de fuego, Torres respondió “que el alcohol, medicamentos como el Xanax, los vehículos, los cuchillos y las tijeras también representan un riesgo. Hasta que el estado no trabaje con el problema de salud mental, no le podemos estar echando la culpa a las armas por cada incidente que ocurra. Las armas ilegales son producto de la negligencia del estado, aquel que con licencia de armas cometa un delito, que cumpla y afronte las consecuencias”.

Finalmente, Torres descartó que este fallo llegue hasta el Tribunal Supremo de Estados Unidos. “Yo pienso que no habrá una apelación. De haberla, no creo que el Tribunal Supremo acoja este caso. La decisión concluyó que privar de armas a ciudadanos únicamente por consumir cannabis no es ‘consistente con la historia y la tradición de la regulación de armas en esta nación’. El fallo sigue la misma línea de una decisión anterior del 5.º Circuito y coincide con opiniones similares emitidas recientemente por jueces federales en Oklahoma y Texas. Es muy claro, estoy seguro que el Supremo no lo acogerá”, concluyó.