Aprueban en cierre de sesión paquete de medidas importantes

El Senado de Puerto Rico aprobó varias medidas en el cierre de los trabajos de la sesión ordinaria, que incluyeron informes de comités de conferencia y resoluciones de investigación.  

El Alto Cuerpo dio paso a varios informes de comités de conferencias sobre medidas legislativas que fueron aprobadas por ambos cuerpos y que ahora pasan a la consideración y firma de la gobernadora, Jenniffer González Colón. Entre las medidas aprobadas, está el informe de conferencia del Proyecto del Senado 5 del presidente senatorial, Thomas Rivera Schatz. La medida busca establecer la "Ley de Admisión Automática a la Universidad de Puerto Rico", a fin de disponer un proceso de admisión automática a la Universidad de Puerto Rico a todo estudiante de undécimo grado de escuela superior que se encuentre en el 20 por ciento del promedio más alto de su clase.

“Esta Asamblea Legislativa, entiende que, un aumento en la cantidad de estudiantes matriculados a través del proceso de admisión automática aquí establecido constituye un primer paso para promover los procesos de admisión y contribuir a la estabilidad de la institución. Para que, de esta manera, la UPR, continúe siendo pilar fundamental de la educación superior en Puerto Rico”, cita la medida. 

También, se le dio paso al informe de conferencia del Proyecto del Senado 384. Esto con el fin de añadir un nuevo inciso a la "Ley de Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimentos", con el propósito de conferirle al Departamento de Educación, en coordinación con el Departamento de la Familia y el Departamento de Recreación y Deportes, la responsabilidad de ofrecer campamentos de verano para niños con impedimentos en igualdad de condiciones que la población general, durante los meses de junio y julio de cada año. 

A la vez, fue avalado el informe de conferencia del Proyecto del Senado 385, para enmendar "La Carta de Derechos del Estudiante". Esto con el fin de reconocer el derecho de los estudiantes a participar en programas y actividades cívico-militares de cadetes en la comunidad escolar. También, enmendar la "Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico", con el propósito de reconocer el derecho de los estudiantes a no ser objeto de discrimen u hostigamiento por motivo de su participación en estos programas y actividades.

De igual forma, se aprobó el informe de conferencia del Proyecto del Senado 77, para enmendar la "Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico". Esto a los fines de establecer un proceso de auto certificación para la obtención de permisos de usos para las PYMES. A la vez, disponer que toda obra que se vaya a llevar a cabo por cualquier entidad gubernamental para reparar o reconstruir infraestructura afectada por un evento natural se considerará "Obra Exenta" para fines de los permisos de construcción, según las disposiciones de dicha Ley y el Reglamento Conjunto adoptado por virtud de ésta.

También, se le dio paso al informe de conferencia de la Resolución Conjunta de la Cámara 157 para asignar la cantidad de $20 millones que procederán de la Resolución Conjunta de presupuesto para el Año Fiscal 2025-2026, para proveer asignaciones a entidades e instituciones semipúblicas, públicas y privadas cuyas actividades o servicios propendan al desarrollo de programas y bienestar social, de la salud, educación y cultura, y a mejorar la calidad de vida de los puertorriqueños. Los beneficiarios de los fondos aquí asignados deberán cumplir con los requisitos establecidos en la Ley 20-2015, de la Comisión Especial conjunta de Fondos Legislativos para Impacto Comunitario; autorizar el pareo de los fondos asignados.

De igual manera, el informe de conferencia del Proyecto de la Cámara 406 para crear la "Ley de la Policía de Puerto Rico" definir sus funciones y deberes; asignar los recursos necesarios para su constitución y operación; establecer penalidades; y enmiendas a varias leyes. 

“Esta legislación se aprueba en aras de que pueda cumplir con el propósito fundamental de proteger a las personas y a la propiedad. Por lo tanto, la Policía de Puerto Rico aquí creada, operará con autonomía administrativa y fiscal. Por tal motivo, sus fondos procederán del presupuesto general de gastos del Gobierno de Puerto Rico. Su autoridad suprema será ejercida por el Gobemador(a) de Puerto Rico, mientras la administración y supervisión inmediata estará delegada al Superintendente”, cita la medida. 

Además, fueron aprobados los informes de conferencia de los Proyectos del Senado 345, 477 y 643; los Proyectos de la Cámara 500 y 584; y la Resolución Conjunta de la Cámara 6.

Alto Cuerpo aprueba resoluciones de investigación

De otra parte, se le dio paso a la Resolución del Senado 248 de Rivera Schatz, para una investigación de naturaleza continua, en torno a todos los asuntos financieros y operacionales de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (APP). Así como el manejo y administración de los contratos de todas las Alianzas Público-Privadas suscritos, o por suscribir, por el Gobierno de Puerto Rico, a los fines de auditar su funcionamiento y rendir un informe con sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones. De esta forma, estudiar la conveniencia y necesidad de la Ley 29-2009, conocida como la Ley de Alianza Público Privadas. 

El portavoz del Partido Popular Democrático, Luis Javier Hernández Ortiz, se expresó a favor de la medida. “Esta Resolución es muy importante porque tomando en consideración que la Alianza Público-Privada es la que está, como no hay oficina del ZAR, es la que está encargada de trabajar entre varios asuntos del tema energético. Yo solamente quiero traerle atención al señor presidente, que cuando esté la investigación, se tome en consideración que en el presupuesto se asignó nada más y nada menos que medio millón de dólares a esta agencia para crear nuevos puestos de confianza. Así que esa sería mi súplica”.

Igualmente, del presidente senatorial fue aprobada la Resolución del Senado 251, para llevar a cabo una investigación abarcadora sobre el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley federal “Americans with Dissabilities Act” (ADA por sus siglas en inglés), Ley Pública 101-336, y en la Ley 238-2004, según enmendada, denominada como “La Carta de Derechos de las Personas con Impedimentos” por parte del Gobierno de Puerto Rico, incluyendo los gobiernos municipales.

“Es necesario que los gobiernos municipales y las diferentes agencias gubernamentales trabajen en colaboración para la eliminar las barreras que impiden la inclusión de las personas con discapacidades o diversidad funcional. Este Senado entiende meritorio realizar un Estudio detallado del estatus del cumplimiento de la totalidad de las agencias ejecutivas y los gobiernos municipales”, cita la medida cuya investigación estará a cargo de la Comisión de Familia, Mujer, Personas de la Tercera Edad y Población con Diversidad Funcional. 

Además, recibió aval la Resolución del Senado 129 del senador de mayoría, Héctor Joaquín Álvarez Sánchez, para realizar una investigación en torno al uso que los municipios, la Junta de Planificación, la Oficina de Gerencia de Permisos y las demás agencias públicas concernidas, le aplican a las exacciones por impacto que cobran; y se utilizan para sufragar gastos por la provisión de usos dotacionales de dominio público, incluyendo infraestructuras tales como carreteras, transporte colectivo, acueductos, alcantarillados sanitarios, energía eléctrica, teléfonos, puertos y aeropuertos, fuera o dentro de los límites del proyecto, como resultado directo de tal proyecto.

La senadora de mayoría Roxanna Soto Aguilú se expresó sobre la medida. “Esta resolución investigativa lo que busca precisamente es conocer cuánto le llega a las arcas de los municipios, entre otras entidades gubernamentales, sobre lo que se conoce como las exacciones de impuestos, que no es otra cosa que cuando yo voy a desarrollar un proyecto de interés social, sea vivienda o comercial y ese desarrollador a su vez lo que hace es que dentro de la propia inversión que hace, cubrir los costos de alcantarillado, entirillado de acera, o puestas de postes, hay una parte de esos arbitrios que tienen que llegar a los municipios”, indicó Aguilú. 

También, de la autoría de Sánchez recibió aprobación la Resolución del Senado 253. La medida busca una investigar los posibles efectos nocivos que pudiera tener en los consumidores puertorriqueños, la quiebra de Sunnova TEP Developer LLC, filial de Sunnova Energy International Inc., empresa que le ofrece servicios de financiamiento para sistemas solares en Puerto Rico, incluyendo préstamos, alquileres y acuerdos de compra de energía (PPA) a, aproximadamente, un 70% de los propietarios de paneles solares en la Isla.

De igual forma, fue aprobada la Resolución del Senado 136 de Soto Aguilú, para investigar sobre la efectividad, implementación y cumplimiento de los Códigos de Orden Público adoptados por los municipios. Además, evaluar el impacto de estos códigos en la seguridad pública, el desarrollo económico local, el turismo y la calidad de vida comunitaria. También, se le dio paso a las Resoluciones del Senado 179, 184, 188 y 255.