La Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes continúa la evaluación del proyecto senatorial que le requiere a toda menor de 15 años o menos la autorización del padre, madre o custodio legal para poder terminar un embarazo.
El presidente de la Comisión, el representante José “Ché” Pérez Cordero, indicó en entrevista con NewsPR que no prevé traspiés para aprobar la medida en ese cuerpo legislativo.
“Al momento, los componentes gubernamentales han avalado la medida de alguna manera, haciendo algunas recomendaciones. Obviamente es un asunto bien polarizante y yo creo que lo hemos vuelto a comprobar en estas vistas públicas, pero el compromiso de la Comisión y este representante presidente de la misma, es atenderlo con responsabilidad”, expresó el legislador.
Al momento, se han realizado tres vistas calendarizadas en ese cuerpo legislativo, para atender el Proyecto del Senado 297 de la autoría de la senadora de Proyecto Dignidad, Joanne Rodríguez Veve.
El representante apuntó que no descarta calendarizar más vistas, ya que ha recibido “algunas peticiones – de personas y/u organizaciones- para deponer y desde el principio había dicho que quería dar apertura a la discusión”.
El protocolo propuesto en la medida requiere, además, que los proveedores de salud realicen “un referido inmediato” al Departamento de la Familia, aun cuando el el progenirto o tutor legal prestó su consentimiento para realizar el aborto. De igual forma, exige que se documente la información de la persona que autorice la terminación del embarazo de la menor.
El PS 297 aprobada en el Senado, debe pasar por el cedazo de la Cámara y de recibir alguna enmienda, entonces regresaría a la consideración de la cámara alta.
En la última audiencia convocada esta semana, depusieron la Asociación Puertorriqueña Pro Bienestar de las Familias (ProFamilias), la Comisión de la Mujer María Dolores “Tati” Fernós del Colegio de Abogados (CAAPR), Proyecto Matriay Católicos Provida. Todas estas organizaciones a favor y en contra del aborto, rechazaron la pieza legislativa.
La directora ejecutiva de PROFAMILIAS, Enid Pérez Rodríguez, advirtió que la exigencia del PS 297, indicó que “la influencia de los padres o tutore en las decisiones reproductivas de las adolescentes es la coacción más grande que tienen ellas para continuar o no un embarazo”.
PROFAMLIAS, una organización feminista de base comunitaria dedicada a la salud sexual y reproductiva en la isla, alertó, además, que el requerimiento propuesto en la medida para que las las clínicas de aborto deban contar con un consejero licenciado que realice entrevistas forenses a las menores, crearía “un disloque total” en los centros ya que “la entrevista forense es para recopilar información para un proceso judicial”.
Asimismo, CAAPR argumento que en Puerto Rico no existe un problema de menores abortando y que el asunto ya está regulado.
“Si tenemos intención de proteger o de buscar proteger a nuestras menores, tenemos que hacerlo idealmente desde el marco de la prevención”, expuso Noeli Pérez de la Torre, presidenta de la Comisión de la Mujer del CAAPR.
Agregó que la medida “menoscaba derechos en el área de la salud sexual y reproductiva de las mujeres, bajo subterfugio de proteger a las menores de edad”.
Mientras que para el Proyecto Matria la medida coacciona la toma de desiciones de las quinceañeras embarazadas y promueve una carga económica adicional por “regular de manera selectiva un solo sector de la salud, sin justificar adecuadamente el por qué de esa decisión, y nos vemos obligados a pensar que la prioridad es la preservación de los embarazos y no la protección de ninguna menor”, expresó su representante Cristina Parés Alicea.
De igual manera, la portavoz de Católicos ProVida, Carmen Ugarte, sostuvo que “fortalecer la protección de las menores podría debilitar las salvaguardas legales existentes y abrir la puerta a mayores abusos intrafamiliares”.
El PS 297 se fundamenta en un estudio del Departamento de Justicia, que revela que 67 menores de 15 años se sometieron a un procedimiento de aborto entre 2018 al 2022. De ese total, dos de ellas eran víctimas de agresión sexual, 32 tuvieron relaciones con otro menor de edad, 22 mantuvieron relaciones con menores de 19 y en ocho casos, las relaciones fueron con hombres con hombres mayores de 20.
