Comisión evalúa medida para establecer honorarios notariales uniformes y obligatorios

La Comisión de lo Jurídico, que preside el senador Ángel Toledo López, llevó a cabo una vista pública para evaluar el Proyecto del Senado 1033, de la autoría del presidente senatorial, Thomas Rivera Schatz, que propone enmendar la Ley Notarial de Puerto Rico con el propósito de establecer, entre otros, una estructura uniforme de honorarios notariales obligatorios.

“Claramente me voy a poner el sombrero de senador, porque estamos haciendo un justo balance entre los diferentes lados que pueden tener intereses particulares en esta medida, pero yo quiero ser claro con todos y todas, yo soy senador, pero soy abogado y soy notario también. Creo que eso es importante dejarlo claro, entendiendo que mi línea de preguntas no va dirigida a desfavorecer o a favorecer ninguna postura, sino a tener un récord lo más claro posible para que la comisión pueda rendir un informe adecuado y que los compañeros senadores y senadoras puedan emitir su juicio, hacer el análisis que corresponde en el momento en que corresponda”, expresó Toledo López. 

La legislación tiene como objetivo fijar tarifas mínimas, limitar la discreción en la negociación de honorarios, exigir el pago inmediato de aranceles y honorarios notariales al momento de la autorización de un instrumento público, y establecer penalidades por su incumplimiento, todo ello en defensa de la fe pública notarial y la seguridad jurídica de la Isla.

Comparecieron a deponer la licenciada Giselle Rosa González y el licenciado Manuel Ávila De Jesús en representación de la Oficina de Administración de los Tribunales (OAT). Durante su exposición presentaron varias recomendaciones a la pieza legislativa. “Sugerimos añadir al texto propuesto un lenguaje aclaratorio que disponga que la prohibición de ofrecer servicios notariales de forma gratuita como práctica habitual no debe interpretarse en contravención del deber ético que cobija a toda persona profesional del Derecho de facilitar acceso a la justicia a quienes no tienen capacidad de pago”, mencionó Rosa. 

A su vez, entre otras recomendaciones detalló que, en cuanto a las multas propuestas, sugirió aclarar que la mencionada multa por incumplimiento con el pago de los aranceles y honorarios notariales al momento de autorización de un instrumento público aplicaría a los otorgantes o comparecientes, no así a los notarios. “Además, recomendamos establecer el deber de los notarios de advertir a los otorgantes y los comparecientes sobre su responsabilidad de pago de los aranceles y los honorarios notariales y las consecuencias de su incumplimiento”, dijo la deponente.

Además, Rosa señaló que la Sección 2 propuesta impone al Departamento de Hacienda, a la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras y a la Corporación Pública para la Supervisión y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico el deber de aprobar la "reglamentación necesaria para la fiscalización del cumplimiento con las obligaciones impuestas según el ámbito de jurisdicción de cada instrumentalidad, dentro de un término de 90 días. “El establecimiento de una vigencia diferida sería cónsono con el término propuesto y contribuiría a una implementación ordenada y efectiva de la ley”, añadió. 

También, se presentó a deponer Ismael García Ortega, presidente del Colegio Notarial de Puerto Rico (CNPR), quien favoreció con enmiendas la pieza legislativa. “La Exposición de Motivos del PS1033 reconoce correctamente que la fe pública notarial constituye una función esencial del ordenamiento jurídico puertorriqueño, mediante la cual el Notario garantiza la autenticidad y legalidad de los actos y contratos formalizados mediante instrumentos públicos”, dijo García.

Como parte de las recomendaciones al PS1033, el CNPR sugiere atender de forma expresa la expedición de copias certificadas de instrumentos públicos y de testimonios, una función notarial esencial que actualmente carece de una estructura arancelaria clara y uniforme. “La copia certificada es un acto que conlleva fe pública, deberes de verificación, fidelidad, custodia y plena responsabilidad disciplinaria para el notario, ya sea respecto a un instrumento matriz o a un asiento del Registro de Testimonios, en formato físico o electrónico”, mencionó el deponente. 

Toledo preguntó si sería justo, de igual manera, fijar un por ciento específico para el realtor, para el banco, así como se fija para el notario. García respondió que “es difícil que uno pueda ponerle precio al valor del trabajo de otro. En este caso en particular, yo defino más el que sea la cultura del trabajo de nosotros y las responsabilidades que implica. Somos responsables y los custodios de esa obra notarial que pertenece al Estado, no pertenece a nosotros, nosotros somos el custodio. Tiene que estar en un lugar seguro, tenemos que hacer un informe mensual, tenemos que hacer un informe anual; entre otras responsabilidades”. 

De igual forma, respaldó la medida el licenciado Ángel Alicea Montañez, en representación del Colegio de Abogados y Abogadas y del Instituto Notariado. “El PS1033 adopta una política pública que por años hemos defendido: los honorarios notariales deben ser taxativos, uniformes y no negociables. Ya es tiempo de tratar los honorarios notariales como unos taxativos, que no permita negociación, y cualquier acuerdo para pagar una cantidad distinta será nulo. El proyecto atiende esta recomendación al fijar tarifas mínimas claras, eliminar la negociación y prohibir descuentos o privilegios que reduzcan los honorarios establecidos”, afirmó Alicea. 

Asimismo, el deponente señaló que el proyecto representa justicia económica para la clase togada. “Desde 1987 no se revisan sustancialmente los honorarios notariales, a pesar del aumento en el costo de vida, la inflación y las crecientes exigencias profesionales. El proyecto reconoce esta realidad y actualiza las tarifas de manera razonable y proporcional”, añadió. 

Alicea recomendó que se incluya en el Artículo 77 una tarifa uniforme para la expedición de copias certificadas de escrituras. “Nuestra recomendación es que se imponga una tarifa fija de $40.00 por la expedición de la copia certificada, y un aumento de $1.00 por página adicional a la quinta página del documento”, mencionó. 

De igual forma, comparecieron Adelaida Torres y Joel Carrión, en representación de la Asociación de Realtors. “Reconocemos y respaldamos la intención legítima del PS1033 de proteger la función notarial y eliminar prácticas indebidas en la retención de pagos y el control de honorarios por terceros. Sin embargo, los aumentos propuestos podrían resultar excesivos y afectar adversamente a la clase media y al acceso a vivienda, así como al mercado inmobiliario en general.”, dijo Torres.

Asimismo, la deponente expresó que endosan específicamente los mecanismos propuestos en la legislación para asegurar el pago inmediato y correcto de los honorarios notariales, y la inclusión de sanciones relacionadas con dicho objetivo. “Sin embargo, sugerimos que se evite estandarizar los porcientos a una cantidad fija uniforme preservando continuidad al estatuto actual de mantener un mínimo y máximo en costos de honorarios”, añadió Torres.  

En la misma línea, se expresó Juan Carlos Muñoz, en representación de la Asociación de Constructores. “No podemos endosar los incrementos propuestos en los honorarios notariales bajo el PS1033. No obstante, sí favorecemos los cambios propuestos para establecer penalidades, prohibiciones y controles para honrar el servicio de los notarios y asegurar el pago de estos por su valioso servicio”, indicó el deponente.

Muñoz explicó que en lo que respecta al inciso 3(a) sobre excepciones, recomendó “se enmiende la medida para atemperarlo a lo recientemente legislado por esta Asamblea Legislativa, bajo la Ley Núm. 100 de 2025, donde se sustituye el concepto de vivienda de interés social por el de Vivienda de Alto Impacto Social, Económico y para Re-Población de Puerto Rico”.

Además, participó Carlos Del Valle, presidente de la Asociación de Bancos Hipotecarios, quien mostró su oposición a la medida como está redactada, por entender que aumentaría las transacciones hipotecarias. “Levantamos preocupación seria, en lo que respecta a los préstamos hipotecarios residenciales. Debemos considerar que el volumen de compraventas de bienes inmuebles ha bajado drásticamente. Esto está atado a diversos factores, a saber: la inflación, la capacidad de crédito del consumidor, la falta de inventario en el mercado, y altos intereses”, indicó el deponente. 

Del Valle mencionó que la realidad actual en el mercado inmobiliario los intereses en general, en especial aquellos aplicables a préstamos hipotecarios, han aumentado de forma significativa y vertiginosa. “Esto ha impactado el movimiento de propiedades inmuebles y afecta de forma directa los gastos de cierre para el consumidor. Lo propuesto por la medida, sin duda, incrementará este impacto”, dijo Del Valle. 

En la misma línea, se expresó la licenciada Zoimé Álvarez Rubio, presidenta de la Asociación de Bancos. “La Asociación respetuosamente expresa serios reparos a la aprobación de esta medida. De quedar aprobada, según redactada, podría tener efectos perjudiciales no intencionados sobre el mercado hipotecario de bienes raíces en Puerto Rico, considerando la coyuntura económica y fiscal en la que se encuentra Puerto Rico en estos momentos. 

También, dijo que el efecto resultante de lo propuesto en el proyecto, incluyendo la eliminación de la negociación por las partes, es la autorización de aumento en los honorarios notariales. “Ello tendrá un impacto directo en los costos del otorgamiento de instrumentos relativos a las transacciones tales como compraventas, permutas, hipotecas y otras transacciones”, manifestó.