DDEC multa a Politank por $80,000 y advierte que su decreto de Ley 20 podría anularse

El Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) impuso una multa de $80,000 a Politank Corp. tras una nueva revisión de la Oficina de Incentivos para Negocios en Puerto Rico (OIN) que identificó incumplimientos relacionados con informes anuales requeridos bajo su decreto de exención contributiva y una presunta transferencia o cambio de control sin autorización previa.

La determinación surge de un memorando suplementario fechado el 8 de julio de 2026 y enviado por el secretario del DDEC, Carlos J. Ríos Pierluisi, al presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, como parte de la Petición de Información 2026-0099. En la comunicación, marcada como confidencial, el DDEC informó que la OIN auditó nuevamente el Decreto Núm. 17-20-S-163, concedido bajo la antigua Ley 20-2012, conocida como la Ley para Fomentar la Exportación de Servicios.  

Según el memorando, la nueva revisión encontró tres señalamientos principales: falta de radicación de informes anuales para los años contributivos 2020, 2021 y 2025; radicación tardía o incompleta de informes para 2017, 2019, 2022, 2023 y 2024; y falta de autorización previa para una transferencia o cambio de control, conforme al Artículo 10(c) de la Ley 20-2012. La multa se desglosa en $10,000 por cada Informe Anual de Negocio Exento no radicado, radicado tarde o insuficiente, para un total de $80,000.  

El DDEC también advirtió que Politank deberá presentar la información y evidencia requerida en la Notificación de Deficiencia dentro de 20 días calendario. Para completar o justificar la información faltante en los informes deficientes, el término es de 15 días calendario. Si la empresa no demuestra que la presunta transferencia fue aprobada previamente, que cae bajo una excepción estatutaria o que recibió aprobación retroactiva del secretario, la OIN podría proceder a anular el decreto desde la fecha de la transferencia.  

La controversia tiene un componente legal significativo. La Ley 20-2012 permite imponer una multa administrativa de $10,000 a negocios con decreto que no radiquen informes requeridos o los sometan fuera de término, y dispone que un informe incompleto puede considerarse como no radicado si no se corrige o justifica dentro de 15 días.   Además, esa misma ley exige aprobación previa del secretario para la transferencia de un decreto o de acciones u otros intereses de propiedad en un negocio elegible; si se realiza sin aprobación, el decreto queda anulado desde la fecha de la transferencia, salvo excepciones o aprobación retroactiva.  

El caso llegó al Senado luego de que el 29 de junio se hiciera público un informe de auditoría interna del DDEC, fechado el 2 de junio y suscrito por el entonces director de la OIN, Ernesto Zayas García, en el que se recomendaba evaluar sanciones administrativas contra Politank, incluyendo multas y la posible revocación del decreto.   Al día siguiente, Rivera Schatz presentó peticiones de información al DDEC y al Departamento de Hacienda para conocer si el decreto había sido cancelado, revocado o anulado, qué acciones administrativas se habían tomado y si el caso fue referido para recobro contributivo.  

Antes del memorando suplementario, el DDEC había informado al Senado que el decreto de Politank continuaba vigente y que la auditoría inicial no constituía una determinación administrativa final. Ríos Pierluisi sostuvo entonces que, tras conocer públicamente el informe, instruyó a la OIN a realizar una evaluación de novo del expediente antes de adoptar una decisión definitiva.  

Politank ha estado bajo escrutinio público por su vínculo con el secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, quien fundó la firma y, según reportes, fue dueño de la empresa hasta diciembre de 2024. El caso también se conecta con señalamientos del exsecretario del DDEC, Sebastián Negrón Reichard, quien atribuyó a Domenech intervenciones a favor de clientes de Politank en documentos presentados ante la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente. Esos señalamientos continúan en etapa investigativa y no constituyen una adjudicación de responsabilidad.  

En el plano contributivo, Hacienda ha indicado que no puede activar un proceso de recobro por contribuciones supuestamente dejadas de pagar hasta que el DDEC emita una determinación final sobre la revocación o anulación del decreto. Según el secretario de Hacienda, una vez el DDEC tome una decisión, la agencia actuará conforme a la ley y los reglamentos aplicables.  

El DDEC defendió la nueva revisión al señalar que su responsabilidad es proteger la integridad del programa de incentivos, que incluye más de 10,000 decretos activos. En su comunicación al Senado, la agencia sostuvo que todos los concesionarios deben recibir las mismas garantías procesales antes de que se tome una determinación administrativa final.