Gobernadora firma ley con penas más severas por maltrato de animales
El Proyecto del Senado 039 es de la autoría del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz
La gobernadora Jenniffer González Colón convirtió en ley, el viernes, una medida que aumenta las penas por delitos contra el bienestar de los animales y vetó otro proyecto sobre facilidades para adultos con impedimentos.
La Ley 73 de 2026 enmienda la Ley para el Bienestar y la Protección de los Animales para atemperar sus penalidades al sistema de penas fijas establecido con la adopción del Código Penal de 2012.
De acuerdo con la exposición de motivos, la revisión de leyes penales especiales busca evitar decisiones inconsistentes en la aplicación de penas y asegurar un sistema penal justo y equitativo.
El Proyecto del Senado 039 es de la autoría del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, y en coautoría con los senadores Wanda Soto Tolentino, Jaime Barlucea Rodríguez, Ada Álvarez Conde, Wilmer Reyes Berríos, Rafael Santos Ortiz, Brenda Pérez Soto, Marissa Jiménez Santoni y Héctor Sánchez Álvarez.
González Colón también vetó el Proyecto del Senado 417, que proponía otorgar al Departamento de la Familia autoridad para regular, licenciar, fiscalizar y supervisar facilidades dirigidas al cuidado de adultos con impedimentos.
La medida incluía instituciones residenciales, hogares de cuidado diurno, hogares sustitutos, centros de cuido diurno y centros de actividades múltiples.
Aunque reconoció que el proyecto atiende una necesidad real, la gobernadora sostuvo que presenta retos administrativos, operacionales y fiscales que impiden su ejecución efectiva.
“Una legislación de esta naturaleza requiere un marco fiscal claro y una planificación robusta que garantice su viabilidad”, indicó González Colón en declaraciones escritas.
Según la mandataria, el proyecto imponía al Departamento de la Familia responsabilidades ampliadas sin una asignación presupuestaria específica ni un análisis detallado del costo de implementación.
Durante el proceso legislativo, la agencia recomendó incluir una asignación presupuestaria para cubrir los costos operacionales, pero esa recomendación no fue incorporada al texto final.
González Colón señaló que el fondo especial creado mediante tarifas y multas tendría ingresos prospectivos, por lo que no garantiza los recursos iniciales necesarios para implantar la ley de manera ordenada.
