Indagan sobre pago de tiempos compensatorios en la Policía

La Comisión de Seguridad Pública y Asuntos del Veterano, que preside el portavoz de la mayoría, el senador Gregorio Matías Rosario indagó, en vista pública hoy, el estado del pago de la deuda por exceso de tiempo compensatorio a policías activos y retirados, al amparo de la Resolución del Senado 81.

“Lo que estoy buscando, es que, ya dijimos que hay un millón de dólares para hacer unos estudios. Que se completen y que se paguen. Porque si estamos desde el 2020 con la Junta con una deuda que muchas veces los líderes de organizaciones y los policías decían que hemos seguido arrastrando. La Junta de Control Fiscal, tengo la experiencia que cuando se le presenta una deuda, como el llamado retroactivo, que se presentó y se pagó, fue por una lucha que tuvimos los líderes gremiales. Yo quiero... que se pague”, sentenció el senador Matías Rosario.

Durante la vista pública, la licenciada Omara Arias Nieves, en representación del Departamento de Seguridad Pública (DSP), explicó las gestiones que se han realizado para atender los pagos pendientes por concepto de tiempo compensatorio acumulado por el personal del Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR).

La licenciada Arias Nieves puntualizó que el DSP no administra directamente las nóminas del personal del Sistema de Rango, por lo que las gestiones para el pago de tiempo compensatorio corresponden al NPPR, mientras que el DSP ha estado a cargo de obtener la asignación de fondos necesarios para cumplir con esas obligaciones. Señaló que han colaborado con la Junta de Supervisión Fiscal para lograr que se autoricen dichos fondos. Como resultado de estas gestiones, se autorizó el desembolso correspondiente al tiempo compensatorio federal, incluyendo un pago reciente ascendente a $31,192.13.

La funcionaria indicó que estas acciones responden a la determinación del Tribunal Federal en el caso de Thomas Pérez, por lo que el NPPR se comprometió a establecer un sistema para documentar el tiempo trabajado, garantizar el pago oportuno de horas extras y saldar las deudas acumuladas. Para ello, se implementó el Sistema Integrado de Tiempo y Asistencia (SITA), que permite a los empleados registrar sus horas y seleccionar si desean recibirlas en efectivo o en tiempo compensatorio.

En cuanto a la deuda acumulada por tiempo compensatorio estatal, la licenciada Arias Nives informó que, al 7 de julio de 2025, esta asciende a $132,660,441. De ese total, $117,133,109 corresponden a policías activos (7,997 empleados) y $15,527,331 a empleados que ya cesaron funciones. Para atender esta deuda, la Junta de Control Fiscal autorizó una partida de $1 millón en el presupuesto certificado del año fiscal 2026, mientras se continúa con el proceso de solicitud de propuestas (RFP) para una evaluación externa.

A preguntas del presidente de la Comisión, acerca de la longevidad de la deuda, el licenciado José Vázquez Rivera en representación del NPPR explicó que se desconoce desde cuando existe la deuda, pues nunca se han hecho los pagos. Sin embargo, destacó que se han hecho estudios de las cantidades monetarias exactas, las cuales se acordaron con la Junta. Según datos brindados por la licenciada Arias Nieves, el desembolso hecho en pago de horas extras, hasta el momento, asciende a $120 millones.

Por su parte, la licenciada Carmen Guillén González de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y el licenciado Luis Rivera de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), en su memorial conjunto recordaron que la Gobernadora estampó su firma en la Resolución Conjunta del Senado 37, que mediante su Sección 7 asigna $20 millones para el pago de horas extra, extendiendo su vigencia hasta el 31 de agosto de 2025. Esta medida fue convertida en la Resolución Conjunta 11-2025, firmada el pasado 23 de junio.

Además, indicaron que el Negociado incluyó en su solicitud presupuestaria para el año fiscal 2025-2026 una petición formal ante la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) para asignar fondos dirigidos a validar y revisar el tiempo compensatorio acumulado. A tales efectos, ya se han asignado $1 millón como parte de ese proceso. Una vez el Negociado cumpla con los parámetros establecidos por la JSAF, de disminuir la cantidad de horas extras trabajadas, podrán iniciarse conversaciones sobre la asignación de fondos para el pago de horas acumuladas.

“La AAFAF y la OGP han colaborado con el DSP y el Negociado en todos estos trámites y, por lo tanto, reiteran su disposición de colaborar y atender este asunto con la premura que amerita, tan pronto se cumplan los requisitos técnicos y de política fiscal relacionados al Negociado. Esta Administración no va a claudicar en su responsabilidad de poder cumplir con los compromisos con todos los servidores públicos, ni con su responsabilidad en cumplir con los requisitos establecidos por la Junta de Supervisión Fiscal para poder continuar manteniendo la salud fiscal del Gobierno de Puerto Rico”, cita el memorial explicativo.

De otra parte, el licenciado Marcos Andrade Ravelo en representación de la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos (OATRH), recordó la “Ley Federal de Normas Razonables del Trabajo de 1938” la cual establece que se consideran horas extra únicamente aquellas trabajadas en exceso de 40 horas semanales, las cuales deben pagarse a razón de una vez y media el salario por hora del empleado. Sin embargo, dicha ley y el Reglamento 29 CFR Parte 553 permiten que las agencias gubernamentales sustituyan el pago de horas extra por tiempo compensatorio (TC), siempre que exista un acuerdo colectivo o consentimiento del empleado, y que este no haya acumulado más del límite permitido (240 o 480 horas, según corresponda).

El Reglamento también dispone que la compensación por TC acumulado debe pagarse con base en el salario vigente del empleado al momento de recibir el pago. Asimismo, si un empleado solicita disfrutar de su TC acumulado, el patrono debe permitirlo dentro de un plazo razonable, siempre que su uso no interrumpa indebidamente las operaciones patronales.

Finalmente, el Procurador del Ciudadano (OMBUDSMAN), Edwin García Feliciano, indicó que periódicamente han estado haciendo análisis y recopilando datos de los querellantes que llegan a su oficina (alrededor de 85 casos), de algo que nombró “fallo administrativo”. Dentro de esos datos, comentó que cuenta con un querellante de una deuda que asciende a $50,000 acumulados en 6 años.

“Hay aspectos de deficiencia administrativa. Los diferentes gobiernos han dejado acumular esta deuda… Para el gobierno estatal, por lo que he visto y por la data que tenemos, sencillamente esa es la norma, no pagar. Es decir, se le paga quizás al policía que está activo algo de lo que le debo, pero le sigo acumulando. Se le paga algo de las horas extras y algo del tiempo compensatorio, pero aquel a quien tiene un laudo no se le paga y se espera más adelante a ver si alguien más paga. Entonces ese es un problema administrativo”, describió el OMBUDSMAN García Feliciano.