Junta Fiscal ratifica orden de cancelar contrato de $5,900 millones con Power Expectations

La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) ratificó su decisión de revocar la aprobación y ordenar a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) cancelar el contrato de hasta $5,886,720,000 con Power Expectations para desarrollar 400 megavatios de generación temporera.

En una carta publicada anoche, el ente fiscal formalizó la determinación y ofreció mayores detalles sobre las circunstancias que llevaron al organismo a retirar su aval.

El acuerdo tenía una vigencia de 10 años y contemplaba el despliegue, instalación, operación y mantenimiento de unidades de generación temporera.

La AEE figuraba como compradora, mientras Power Expectations LLC, Enchanted Rock LLC y Reyes Contractor LLC aparecían como el grupo vendedor. El proyecto surgió de una solicitud de propuestas administrada por la Oficina de Compras de Terceros (3PPO) para atender una proyectada insuficiencia de generación de entre 700 y 850 megavatios.

La controversia principal surgió cuando Enchanted Rock informó el 7 de agosto que no era parte del proyecto y alegó que su nombre y firma habían sido utilizados sin autorización.

Según la JSF, la participación de Enchanted Rock fue determinante para cualificar la propuesta porque Power Expectations y Reyes Contractor no habían demostrado experiencia previa en proyectos eléctricos de escala y complejidad comparables.

La Junta sostuvo que Enchanted Rock era la empresa que aportaría la capacidad técnica, operacional y financiera que faltaba a los demás integrantes del grupo.

“Sin la participación de Enchanted Rock, Power Expectations y Reyes Contractor no habrían cualificado con base en el expediente presentado”, planteó el organismo.

La JSF aclaró que no está tomando posición sobre la disputa entre Power Expectations y Enchanted Rock. Indicó que su determinación se limita a la exactitud del expediente presentado, el cumplimiento de las condiciones impuestas y la viabilidad del contrato.

El organismo había concedido una aprobación condicionada el 8 de mayo y emitió su determinación final el 2 de junio. Ambas decisiones reservaban expresamente el derecho de reconsiderar el aval si surgían inexactitudes o representaciones incorrectas, independientemente de que fueran intencionales.

Según el expediente, el contrato fue ejecutado el 10 de junio. Apenas dos días después, Power Expectations suscribió un acuerdo para transferir a Flotek Industries el interés atribuido a Enchanted Rock.

La Junta señaló que Flotek nunca compitió en la solicitud de propuestas, no fue sometida a un nuevo proceso de cualificación y tampoco fue presentada ante el organismo para aprobar una modificación material al contrato.

La AEE consintió a la sustitución el 31 de julio, pero la JSF sostuvo que ese consentimiento no era válido sin su aprobación.

La comunicación revela, además, que abogados de Enchanted Rock alertaron desde el 16 de junio a la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (AAPP) y a 3PPO sobre posible conducta indebida o criminal relacionada con el uso de su nombre y firma.

De acuerdo con la Junta, ni la AEE ni el organismo fiscal fueron informados oportunamente sobre esas alegaciones. A pesar de conocer la controversia, 3PPO recomendó el 30 de julio que la AEE aprobara la sustitución de Enchanted Rock por Flotek sin comunicarle las denuncias recibidas semanas antes.

La directora ejecutiva de la AEE, Mary C. Zapata Acosta, informó posteriormente que la corporación pública conoció las alegaciones el 7 de agosto, luego de recibir una solicitud de información de un programa televisivo. Para ese momento, la AEE ya había consentido al cambio de empresa.

La Junta cuestionó cómo 3PPO pudo recomendar la sustitución mientras mantenía abierta una investigación sobre las circunstancias que rodearon la participación de Enchanted Rock.

El asunto fue referido posteriormente al Departamento de Justicia y a las autoridades federales, aunque el Gobierno aclaró que el referido no equivale a una conclusión de que se cometió un delito.

Otro de los fundamentos utilizados para ratificar la revocación fue que nunca se entregó la garantía de cumplimiento correspondiente a la fase de construcción, estimada en cerca de $1,180 millones.

Según la JSF, la ausencia de esa garantía constituye por sí sola una causa para terminar el contrato.

El organismo indicó que, al 5 de agosto, 3PPO había reconocido por escrito que ninguno de los hitos contractuales se había cumplido y que no se había registrado progreso en el proyecto.

La Junta añadió que solamente se produjo un informe bisemanal que no cumplía con los requisitos y dos informes diarios. La AEE emitió una notificación de incumplimiento el 17 de julio y concedió hasta el 20 de julio para corregir las deficiencias, pero el término venció sin que fueran subsanadas.

Power Expectations también presentó el 6 de julio un aviso de atraso y solicitó una extensión abierta de la fecha de operación comercial. La AEE rechazó esa petición el 15 de julio.

La fecha contractual para comenzar operaciones era el 7 de noviembre, aunque 3PPO había informado a la Junta una fecha distinta del 4 de noviembre.

“Han transcurrido 68 días calendario desde la alegada ejecución del contrato y no se ha informado progreso alguno”, expresó la Junta, que consideró “altamente improbable” que el grupo vendedor pudiera cumplir con las obligaciones pactadas.

La carta también incluyó datos sobre la evaluación original de Power Expectations. Según documentos de 3PPO citados por la JSF, la empresa obtuvo la puntuación más baja entre las propuestas y presentó inicialmente una fianza de licitación de apenas $300,000 frente a un contrato con un valor máximo de $5,886.7 millones.

La Junta afirmó que nunca recibió una respuesta clara sobre quién autorizó aceptar esa fianza.

Un análisis financiero preparado por la propia 3PPO en agosto de 2025 concluyó que la propuesta no evidenciaba suficiente capacidad organizacional o financiera para sostener el proyecto durante 10 años y que el valor de la adjudicación era desproporcionado frente a los ingresos reportados por Power Expectations.

El apéndice de la carta cita también un análisis de antecedentes de 3PPO que señalaba que Power Expectations había sido comparada con el escándalo de Whitefish debido a su pequeño tamaño y alegadas conexiones políticas.

Entre las preguntas que permanecen sin contestar se encuentra la identidad y autoridad de Jhoby Weaks, quien aparece firmando el contrato en representación de Enchanted Rock.

Las versiones anteriores identificaban al ejecutivo Corey Amthor como el firmante de esa empresa, pero la Junta sostuvo que nunca fue notificada sobre el cambio.

La JSF también exige conocer cómo Flotek fue seleccionada y pudo ser incorporada al acuerdo el mismo día en que presuntamente Enchanted Rock comunicó su intención de abandonar el proyecto.

El organismo solicitó información sobre los cabilderos, consultores, abogados e intermediarios contratados por las empresas y si alguna compensación estaba condicionada a la adjudicación o continuación del contrato.

Power Expectations, por su parte, rechazó “categóricamente cualquier insinuación de fraude o tergiversación” y aseguró que su participación fue transparente y estuvo documentada.

Su principal oficial ejecutivo, Eddie Echevarría, sostuvo que la empresa mantuvo una relación comercial de unos 15 meses con Enchanted Rock y que ejecutivos de esa compañía participaron en reuniones y documentos relacionados con el proyecto.

La empresa también defendió la selección de Flotek, aseguró que estaba preparada para invertir cerca de $1,000 millones y afirmó que todavía esperaba que la AEE entregara el lenguaje final relacionado con la garantía de cumplimiento.

Power Expectations anticipó, además, posibles reclamaciones legales contra terceros que, según alegó, interfirieron con sus relaciones contractuales.

La carta recoge que la gobernadora Jenniffer González había expresado que “si ese contrato se puede cancelar, se debe cancelar”. La Junta solicitó que el Gobierno aclare si todavía favorece continuar ejecutando el acuerdo luego de esa expresión.

Como alternativas para enfrentar la emergencia energética, la JSF recomendó reparar unidades generatrices en San Juan y Palo Seco, lo que podría añadir cerca de 200 megavatios; acelerar la instalación de generadores de respuesta rápida de Genera PR con capacidad aproximada de 244 megavatios; y adelantar proyectos de baterías por unos 430 megavatios.

También propuso procurar que los proyectos de AES en Jobos y Salinas aporten cerca de 485 megavatios antes de finalizar 2026 y realizar una nueva contratación expedita para obtener capacidad adicional.

“El sistema eléctrico de Puerto Rico se encuentra en una crisis”, expresó la JSF al atribuir la situación a infraestructura deteriorada, mantenimiento inadecuado, fallas de liderazgo y mala administración financiera.