Sector privado “bota chispas” con proyecto sobre inventario
Organizaciones empresariales calificaron una enmienda a la medida como peligrosa y contraria a la promesa del gobierno de no imponer más impuestos
Representantes del sector privado levantaron una fuerte voz de alerta al denunciar que la reciente enmienda del Senado al Proyecto de la Cámara 420, lejos de representar un alivio fiscal, impone un nuevo impuesto que podría tener consecuencias devastadoras para el comercio y los consumidores en Puerto Rico.
En una carta enviada al presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez Núñez, ocho organizaciones empresariales -entre ellas MIDA, ACDET, ASORE, el Centro Unido de Detallistas, y Hecho en PR- calificaron la enmienda aprobada el 24 de junio como una medida peligrosa, regresiva y contraria a las promesas del gobierno de no imponer más impuestos.
Un nuevo golpe al bolsillo
Según el documento, la enmienda sustituye el actual impuesto sobre el inventario -que se aplica a la mercancía almacenada- por una nueva contribución sobre toda la mercancía al momento de la venta. Aunque elimina la fórmula basada en inventario promedio, impone la misma tasa contributiva (cercana al 10%) sobre cada unidad vendida.
Los firmantes advierten que esta modificación podría traducirse en un aumento del 900% en la carga contributiva para los comerciantes, considerando industrias con alta rotación de inventario. Ese aumento, según explican, se trasladaría directamente al consumidor final, encareciendo productos de primera necesidad y profundizando la crisis económica de la isla.
Riesgo de escasez y empobrecimiento
El sector privado ya había criticado el impuesto al inventario original por desincentivar el almacenamiento de productos, lo que contribuye a episodios de escasez en situaciones de emergencia. Ahora, según sus representantes, la nueva estructura impuesta por la enmienda es aún más perjudicial, ya que penaliza la venta misma sin considerar si los bienes estuvieron almacenados o no.
“Empobrecen aún más al pueblo”, denuncia la carta, enfatizando que el costo de vida en Puerto Rico ya es insostenible para muchas familias y que medidas como esta aumentan el riesgo de inflación.
Una petición clara: eliminar, no reemplazar
Los líderes del sector comercial insisten en que la meta debe ser la eliminación definitiva del impuesto al inventario, no su transformación en una contribución diferente. La carta solicita que se rechace la enmienda y que se atienda el proyecto en un Comité de Conferencia en la próxima sesión ordinaria, mediante un proceso de análisis profundo y diálogo colaborativo.
“Lo más apropiado es no forzar la aprobación de la medida con un lenguaje lesivo al consumidor y la economía”, indica el escrito.
Llamado al compromiso gubernamental
La misiva finaliza con un recordatorio al liderazgo legislativo y a la administración actual: honren su compromiso programático de no aumentar los impuestos en Puerto Rico. “¡El futuro del comercio y el bienestar de los puertorriqueños dependen de ustedes!”, concluye el texto, firmado por presidentes de organizaciones clave del comercio y la industria alimentaria.
Con el panorama económico aún inestable y una ciudadanía cada vez más vulnerable, la controversia en torno al Proyecto de la Cámara 420 podría convertirse en un punto de inflexión sobre cómo se estructuran los ingresos municipales sin sacrificar el desarrollo económico ni la estabilidad del consumidor.
