En discusión en el Senado el separar la policía del DSP

La Comisión de Seguridad Pública y Asuntos del Veterano del Senado de Puerto Rico, que preside el portavoz de la mayoría, el senador Gregorio Matías Rosario, realizó una vista pública para considerar la creación de la “Ley de la Policía de Puerto Rico”.

El Proyecto del Senado 421, de la autoría del presidente senatorial, Thomas Rivera Schatz y la delegación del Partido Nuevo Progresista, propone una transformación estructural del sistema policiaco de la isla mediante la creación de una nueva entidad autónoma denominada “Policía de Puerto Rico”, separándose del Departamento de Seguridad Pública (DSP) al que actualmente está adscrito como Negociado. La nueva ley establecería un cuerpo con autonomía administrativa y fiscal, presupuesto propio y con facultades operativas plenas, para atender de forma más eficiente la criminalidad, mejorar la gestión de recursos humanos y fiscales, y cumplir con los requisitos de la Reforma Sostenible de la Policía.

La medida, que a su vez es proyecto de Administración, establece que la autoridad máxima de esta nueva Policía será el Gobernador, pero su administración diaria recaerá sobre un Superintendente, nombrado con el consejo y consentimiento del Senado, y asistido por Superintendentes Asociados y Auxiliares. Este tendrá amplias facultades para establecer la estructura organizativa, reglamentos internos, sistema de rangos, uniformes, adiestramientos, programas de reclutamiento, estrategias de combate al crimen y coordinación con agencias estatales, federales e internacionales. Asimismo, el Superintendente será responsable de la recopilación y divulgación de estadísticas criminales, la creación de unidades especializadas, y la implantación de sistemas de alerta como AMBER, SILVER, ROSA y otros.

La Academia de la Policía de Puerto Rico, también conocida como Superintendencia Auxiliar en Educación y Adiestramiento, fungirá como pilar, teniendo la responsabilidad de adiestrar, educar y profesionalizar al personal policiaco. Se establece que los cadetes deberán obtener un grado asociado dentro de los tres años posteriores a su juramentación, y se incluirán cursos especializados en temas como ética, derechos civiles, lenguaje de señas, intervención con personas con autismo, y manejo de conducta suicida. La Academia podrá otorgar grados, establecer alianzas con universidades y ofrecer cursos a personal externo.

Al aprobarse, la nueva ley también regula aspectos fundamentales como la jornada laboral, los beneficios por horas extras, el uso del arma de reglamento en trabajos secundarios (si hay seguro de responsabilidad), y la condición de los policías incluso fuera de servicio. Se crearía una unidad especializada en violencia de género, una Oficina de Manejo de Información Policiaca para facilitar la interoperabilidad de sistemas de seguridad, y se incorporan figuras como reservistas, policías auxiliares, capellanes y la banda oficial de la Policía. Además, se establecería una compensación por muerte en el cumplimiento del deber, así como servicios médicos gratuitos para policías activos, retirados y sus familiares dependientes.

En términos operativos, la Policía podrá celebrar Acuerdos de Integración con municipios para incorporar policías municipales, siempre que cumplan con requisitos académicos y de adiestramiento. Se crea también la Unidad de Códigos de Orden Público, que colaborará con los municipios en el desarrollo de reglamentaciones comunitarias para mejorar la convivencia, con el respaldo de otras agencias gubernamentales. Asimismo, se promueve la formación de Consejos Comunitarios de Seguridad como mecanismos de participación ciudadana en la lucha contra el crimen.

En cuanto a la transición, el proyecto asegura que todo el personal, equipo, unidades y contratos del actual Negociado de la Policía serán transferidos a la nueva estructura, sin que ello implique despidos o menoscabo de derechos adquiridos. Se garantizan los beneficios de pensión, convenios colectivos, estabilidad laboral y continuidad de funciones. También se permite el uso de los ingresos generados por servicios, adiestramientos o arrendamientos de la Academia para fortalecer los recursos del cuerpo.

Ante Comisión Senatorial su consideración

El proyecto senatorial sería el equivalente al Proyecto de la Cámara 406, que fue aprobado en el pleno cameral y referido a la Comisión de Seguridad Pública y Asuntos del Veterano del Alto Cuerpo.

El comisionado del Negociado de la Policía, Joseph González Falcón manifestó su respaldo al proyecto senatorial, reconociéndolo como un paso esencial hacia una reforma sustancial de la seguridad pública en la Isla. “Después de un análisis de esta medida, manifiesto mi total respaldo y apoyo a su aprobación, ya que representa un avance significativo en la gestión y administración de la seguridad pública en Puerto Rico. La separación de negociado de la policía del Departamento de Seguridad Pública es el paso necesario para fortalecer la autonomía operativa, administrativa y presupuestaria de la policía de Puerto Rico, permitiendo una respuesta más ágil y eficiente ante los retos de seguridad, criminalidad y el orden público en la isla”, comentó.

Asimismo, explicó que la separación del Negociado de la Policía del Departamento de Seguridad Pública permitirá fortalecer su autonomía operativa, administrativa y presupuestaria, facilitando una respuesta más ágil y eficiente ante los retos de seguridad, criminalidad y orden público. No obstante, recomendó consolidar el contenido del P. del S. 421 con el lenguaje del Proyecto de la Cámara 406, ya que tuvo participación directa en su redacción, garantizando así que se reflejen adecuadamente las necesidades administrativas y operacionales del cuerpo.

De igual forma, advirtió que el texto aprobado por la Cámara fue objeto de enmiendas posteriores, por lo que se solicitó que, como parte de la evaluación legislativa, se tomen en cuenta las recomendaciones detalladas en el memorial presentado. González Falcón enfatizó que la aprobación del proyecto, con las enmiendas sugeridas, contribuirá a mejorar la moral del personal, optimizar los procesos internos y elevar la calidad de los servicios de seguridad pública que se ofrecen al pueblo de Puerto Rico.

Por su parte, la licenciada Omara Arias Nieves en representación al DSP explicó que esta autonomía contribuiría a mejorar la eficiencia administrativa y a una distribución más estratégica de los recursos del gobierno. “Desde la aprobación de la Ley 20-2017, se ha observado que el Negociado de la Policía ha operado parcialmente de manera independiente debido a sus obligaciones bajo el Acuerdo para la Reforma Sostenible de la Policía”, añadió. De igual forma, aclaró que la medida propuesta no solo busca reforzar el funcionamiento de la Policía de Puerto Rico como entidad autónoma, sino que también permitiría al DSP enfocar sus funciones en las otras agencias que aún están bajo su estructura. En este contexto, destacó la posibilidad de que ambas entidades mantengan acuerdos colaborativos, especialmente en áreas como la capacitación de primeros respondedores.

El director de la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos (OATRH), licenciado Facundo Di Mauro Vázquez, recomendó a la comisión la aprobación de la medida “ya que persigue adelantar una de las misiones principales de esta Administración, la cual es devolverle el sentido de seguridad a nuestras comunidades”. También, el licenciado Luis Roberto Rivera Cruz de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), favoreció la medida.

A su vez, la licenciada Zulma Canales, en representación de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) enfatizó que darle autonomía a al cuerpo policiaco representa un paso firme hacia una gestión más ágil, transparente y eficiente y podría lograr un presupuesto balanceado, en el momento fiscal que se atraviesa. “Durante el período en el que la institución operaba como un ente autónomo, se observa que el presupuesto asignado mantenía una proporción relativamente equilibrada con respecto a los gastos realizados. Sin embargo, tras su incorporación al DSP, se advierte un aumento considerable en el presupuesto asignado, sin que dicho incremento se viera reflejado en los niveles de gasto”, explicó. Algo a lo que el senador Matías Rosario no estuvo de acuerdo ya que, entiende que la diferencia proporcional se debe al aumento de 30% en salarios de los policías.

Asimismo, el senador Matías Rosario indagó sobre el estado de proceso de transición, a lo que el comisionado González Falcón contó que se ha estado reuniendo con el secretario del DSP, el General de Brigada Arturo Garffer para delinear la ruta para la separación de los entes, haciendo énfasis en el comienzo del pago de las horas extras a los oficiales.

Finalmente, el presidente de la Comisión acordó hacerle enmiendas al proyecto senatorial para conseguir “una ley que proteja a la policía, una ley que le haga honor a las personas que salen todos los días a la calle a proteger a la ciudadanía”.

De otra forma, la Asociación de Policías Organizados, Inc “no apoya que se le otorgue absoluta autonomía a la Agencia de la Policía de Puerto Rico”, pues representaría un retroceso; para la Asociación, la Ley 20-2017 logró avances en el ámbito de seguridad. Ante esto, el senador Matías Rosario enfatizó que este proyecto es promesa de Administración, por lo que se aprobará una vez considerado en el pleno del Senado.