Gran Jurado Federal imputa a 26 personas por esquema de fraude millonario

El Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico divulgó una acusación de 138 cargos contra 26 personas y corporaciones locales por su presunta participación en un fraude millonario contra el Departamento de Hacienda, que presuntamente provocó pérdidas al erario que exceden los $3.5 millones.

El indictment, presentado ante el juez federal Pedro A. Delgado Hernández, describe un esquema complejo en el que funcionarios del Departamento de Hacienda, junto a múltiples empresarios y compañías, conspiraron para borrar o reducir deudas contributivas, crear créditos falsos y obtener reintegros ilegales mediante sobornos y manipulación del sistema digital SURI.

Empleados de Hacienda lideraban la red de fraude

Los principales acusados, Javier Relta Lebrón y Harry E. Muriel Falero, ambos empleados del Departamento de Hacienda, supuestamente utilizaban su acceso privilegiado al sistema contributivo para alterar planillas, eliminar deudas y modificar créditos a favor de los empresarios que pagaban sobornos.

Según el pliego acusatorio, Relta Lebrón y Muriel Falero recibían pagos en efectivo o cheques a través de un intermediario identificado como “Person A”, quien se encargaba de coordinar las transacciones mediante WhatsApp e iMessage.

El documento detalla múltiples episodios donde los acusados recibieron entre $500 y $57,000 en efectivo por cada “servicio” de alteración contributiva.

Empresarios, contadores y restaurantes implicados

La acusación incluye a un amplio grupo de empresarios de diversos sectores —comercio, alimentos, restaurantes, consultoría y salud— que, según la evidencia, pagaron sobornos para eliminar deudas fiscales.

Entre ellos se encuentran:

•César Rodríguez Nieves, propietario de 24 Marketplace Inc., A La Silla LLC y RB Marketplace Inc.

•Héctor J. Baerga Ortiz, dueño de Hijole Foods Bistro, HVP Foods, BBB Food, BHV Food y VHB Foods Corp.

•Carlos A. Rodríguez Ortiz, de Red Point Pizza and Restaurant Corp.

•Hiram Firpi Cruz, contador y operador de Líneas de Puerto Rico Inc.

•Gabrielle López Berríos, de G Fitness & Body Performance LLC

•Rolando Bergolla Hernández, Suhail Pastrana Vega, Rafael A. Tefel Santana, Héctor J. Marrero Muñoz y Patria Silfa Báez, entre otros.

Pagos ilícitos y pérdidas millonarias

El indictment federal señala que, entre 2021 y 2025, los acusados realizaron pagos ilegales por más de $3.5 millones, destinados a modificar datos dentro del sistema SURI y así eliminar deudas contributivas o reclamar reintegros indebidos.

Entre los ejemplos destacados:

•Rodríguez Nieves y sus compañías habrían pagado sobornos para borrar deudas de hasta $457,000,

•Baerga Ortiz y sus empresas de alimentos realizaron pagos que eliminaron obligaciones fiscales por más de $200,000,

•Líneas de Puerto Rico Inc. obtuvo beneficios de más de $413,000,

•Y otros empresarios, incluyendo Red Point Pizza, G Fitness, y Print Pro LLC, pagaron sobornos de entre $15,000 y $47,000 para alterar sus balances contributivos.

Conspiración, fraude y soborno federal

El Gran Jurado imputó a los acusados bajo cuatro cargos principales:

1.Conspiración para cometer fraude electrónico (18 U.S.C. §1349)

2.Conspiración por sobornos y comisiones ilegales con fondos federales (18 U.S.C. §371)

3.Soborno en programas federales (18 U.S.C. §666(a)(1)(B))

4.Soborno a funcionarios públicos (18 U.S.C. §666(a)(2))

Los fiscales federales sostienen que los acusados “conspiraron intencionalmente para defraudar al Departamento de Hacienda”, utilizando comunicaciones interestatales para coordinar las alteraciones y el pago de sobornos.

Un esquema sofisticado con impacto directo al gobierno

El documento describe el propósito del esquema como uno orientado a “beneficiar y enriquecerse mediante información contributiva falsa”, robando fondos públicos y debilitando la integridad del sistema fiscal.

Las transacciones alteradas —según el expediente— fueron registradas como créditos legítimos, afectando directamente las métricas de recaudación y los fondos federales asignados a la isla.

De ser hallados culpables, los acusados enfrentan penas de hasta 20 años de prisión por fraude electrónico y 10 años adicionales por soborno federal, además de la confiscación de bienes bajo la ley 18 U.S.C. §982.