La Oficina del Inspector General (OIG) ordenó al Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) recuperar más de 2 millones de dólares pagados en exceso a una compañía que administra el Programa de Salud Correccional, tras identificar irregularidades en las facturas evaluadas.
“El DCR pagó estas facturas sin documentar la verificación de la autenticidad de los informes ni la calidad de los servicios provistos, ya que estos no se presentaron de forma clara, detallada y específica”, señaló la OIG en su informe.
El examen abarcó del 1 de septiembre de 2018 al 13 de diciembre de 2024, y encontró que el DCR desembolsó 2.8 millones de dólares por encima de lo estipulado en el contrato. Se revisaron 264 facturas por más de 74 millones de dólares, revelando deficiencias en controles internos y procesos de contratación.
Entre los hallazgos, la OIG destacó que al menos 174 facturas contenían datos idénticos sin detallar los servicios ofrecidos. Además, el DCR continuó pagando la compensación máxima acordada, a pesar de que la población correccional se redujo a menos de 9,000 confinados durante la vigencia del contrato.
“Esta uniformidad en la información evidencia una falta de variabilidad en la documentación, lo que impide evaluar la labor realizada y justificar los pagos”, indicó la OIG.
El informe también cuestionó 139 millones de dólares en contratos adicionales, señalando adjudicaciones sin los debidos procesos competitivos, pagos sin retenciones contributivas y contrataciones sin la autorización de la Oficina de Gerencia y Presupuesto.
La OIG recomendó al DCR fortalecer sus controles internos, corregir las deficiencias detectadas y proceder con el recobro de los fondos.
