Tremendo tumbe de grupo de veteranos

10 personas fueron acusadas por un gran jurado federal en el Distrito de Puerto Rico por participar en un esquema para defraudar al Departamento de Asuntos de Veteranos (VA, por sus siglas en inglés)— al solicitar obtener beneficios por discapacidad ascendentes a 190 millones de dólares.

“La gran mayoría de nuestros veteranos tienen honor e integridad y han peleado por esos derechos. Los acusados en este caso, decidieron tomar otra ruta, buscando dinero fácil. Peor todavía, son los veteranos que además son policías y agentes federales que decidieron robar de este programa de beneficios para veteranos y eso no lo vamos a tolerar”, dijo el fiscal federal W. Stephen Muldrow en conferencia de prensa.

“El FBI y nuestros colegas no vamos a tolerar este nivel de traición vergonzosa contra aquellos que han dado sus vidas para que nosotros disfrutemos las libertades que disfrutamos todos los días”, añadió Devin Kowalski, agente especial a cargo de la oficina del FBI en San Juan.

Sobre el estimado de 190 millones de dólares, se explicó que es la suma de todos los beneficios que estas personas recibirían por vida.

“Los pagos eran de 2 mil, tres mil dólares, pero los beneficios que están recibiendo son por vida. Así que el estimado de perdida por cada veterano (en el esquema) sería de un millón, dos millones por vida. Además, cuando un veterano reciba una discapacidad de 100 por ciento, también eso abre unas puertas para recibir beneficios en otros programas. Por ejemplo, en la Florida, un veterano de 100 discapacidad no paga impuestos por inmobiliario y también tiene otros beneficios de salud o servicios por ser un veterano discapacitado”, expresó.

Esta investigación de la Administración de Veteranos incluye estados.

Se explicó que los autores del esquema en Puerto Rico, que se entiende comenzó en el 2020 son: Ángel Carrer-Rivera y Richard Rivera-Maitin. Carrer-Rivera, residente de Vega Baja era supervisor de Servicios para Veteranos con Función de evaluar aprobar, denegar, confirmar o continuar reclamaciones por discapacidad de veteranos. Utilizó su posición para manipular el sistema de beneficios y facilitar la aprobación de solicitudes fraudulentas.

Rivera-Maitin, residente de Morovis, es propietario de un taller de mecánica automotriz y veterano. Se encargaba de identificar a veteranos que no tenían una clasificación de discapacidad del 100 por ciento y les ofrecía ayuda para obtener dicha clasificación a cambio de un pago inicial en efectivo, más un porcentaje del retroactivo que recibiera el veterano. Además, les ayudaba con la información falsa que debían proveer durante las evaluaciones médicas y al completar los documentos de solicitud de beneficios por discapacidad.

Brenda García, ayudaba a Carrer-Rivera y a Rivera-Maitin con el proceso del cual se beneficiaron su esposo Víctor García-Soto, que obtuvo fraudulentamente clasificación del 100 por ciento; su hijo Gabriel García, policía que obtuvo fraudulentamente clasificación del 100 por ciento y su hermano, Randolph Báez, asistente de vuelo comercial que obtuvo fraudulentamente clasificación del 60 por ciento.

Los otros acusados son José Torres-Rosado, que obtuvo fraudulentamente clasificación del 90 por ciento; Eladio Pagán, piloto comercial que obtuvo fraudulentamente clasificación del 70 por ciento; Ignacio Ramos-Class, oficial del Departamento de Seguridad Nacional que obtuvo fraudulentamente clasificación del 100 por ciento y Félix Arroyo-Rivera, que obtuvo fraudulentamente clasificación del 90 por ciento.

De ser hallados culpables, los acusados se exponen a sentencias desde cinco años de prisión por conspiración para defraudar a los Estados Unidos y hasta 20 años por cargos de fraude